En la misma semana, dos escenas separadas por miles de kilómetros han dicho exactamente lo mismo. En Ankara, ante las cámaras de una cumbre de la OTAN, Donald Trump ordenó "cortar todo el comercio con España", calificando al país de "socio terrible" que "no paga" y con el que "no quiere tener nada que ver". En el estrecho de Ormuz, tres buques mercantes ardían tras nuevos ataques, los más numerosos en un solo día desde finales de abril, mientras Washington revocaba la licencia que autorizaba la venta de crudo iraní y el frágil acuerdo interino se tambaleaba. Un mismo mensaje, dos frentes: los mercados de España y los insumos de sus fábricas dependen hoy de decisiones que no se toman ni en Madrid ni en Barcelona. La pregunta ya no es retórica: ¿cómo se protege una economía exportadora como la española, y una región tan abierta como Cataluña, cuando tanto sus clientes como su energía quedan a merced de la voluntad ajena?
Conviene empezar por la mesura. Trump no puede, con una frase, cortar el comercio con España. La política comercial es competencia de la Unión Europea, no una relación bilateral que un presidente pueda cancelar a voluntad. Y Estados Unidos, aunque relevante, absorbe en torno al 5 % de las exportaciones españolas. La reacción de La Moncloa, tratar la salida como "business as usual", tiene por tanto una base jurídica sólida. Pero leer ahí una razón para la calma sería un error de principiante. El mercado no esperó a los matices. El IBEX 35 cayó más de un 2,8 % y la prima de la deuda española se tensó en cuestión de horas. Sobre todo, la amenaza revela una verdad incómoda. El primer socio comercial fuera de la UE ha dejado de ser un garante previsible para convertirse en un factor de riesgo político, capaz de castigar decisiones soberanas, en este caso la negativa de Madrid a ceder su espacio aéreo y sus bases para la guerra contra Irán. Y la exposición no es homogénea. De hecho, los productos químicos, primera partida de las ventas españolas a Estados Unidos, concentran una vulnerabilidad muy superior a la media.
Al riesgo de mercado se suma el de los insumos. España no se abastece por Ormuz, pero el precio sí cruza fronteras que ningún buque necesita. El cierre del estrecho retiró cerca del 20 % de la oferta mundial de GNL y empujó el crudo muy por encima de sus niveles previos a la guerra. Su reapertura, más rápida de lo esperado, sigue siendo parcial y reversible, como recordaron los ataques de esta misma semana. Para una industria intensiva en energía, cada sobresalto en el Golfo se traduce en costes de electricidad y de materia prima que erosionan el margen antes que cualquier arancel. En casos como este, la geografía engaña: creerse a salvo por no navegar Ormuz es el clásico error del riesgo mal cartografiado. La contagión de precios ignora las cartas marítimas, y la factura llega igual.
Ninguna región encarna mejor esta doble exposición que Cataluña, y por eso merece un análisis propio. Por un lado, es la economía más abierta del país. Concentra en torno al 36 % de las exportaciones españolas y lidera la química, la farmacia, la automoción, la alimentación y la electrónica de consumo. Es, en otras palabras, la más dependiente de que los mercados exteriores permanezcan abiertos. Por otro lado, es la más intensiva en energía, con el clúster petroquímico de Tarragona, dos de los tres crackers operativos de España y en torno a una cuarta parte de la química nacional, cuya mayor parte se destina a la exportación. El sector químico catalán, con más de 1.700 empresas, 29.000 millones de euros de facturación y unos 65.000 empleos directos, lo mueven dos motores a la vez: el acceso a los clientes y el coste de la energía. Trump amenaza el primero, Ormuz encarece el segundo. Cataluña es, literalmente, el punto donde los dos choques se cruzan. Y quien pretenda proponer allí soluciones de resiliencia, como es mi propósito, debe partir de este diagnóstico y no de otro.
De esta secuencia se desprenden cuatro tareas concretas. La primera es diversificar mercados de forma deliberada, reduciendo la dependencia de cualquier destino que pueda convertir el comercio en instrumento de presión, y aprovechando el peso negociador de la Unión Europea en lugar de afrontar las amenazas país por país. La segunda es conquistar soberanía energética en el propio tejido productivo. Esto se hace acelerando la descarbonización del clúster de Tarragona, apostando por proyectos como el metanol renovable y el hidrógeno verde, y asegurando una base eléctrica estable y previsible, porque cada megavatio propio es un megavatio que no depende de un estrecho lejano. La tercera es subir en la cadena de valor, desplazando el negocio hacia la química de especialidades, la farmacia y los materiales avanzados, donde el margen resiste mejor los vaivenes de precio que en los productos de base. La cuarta es cognitiva y se basa en dotar a las empresas de una verdadera capacidad de inteligencia económica, capaz de cartografiar de forma continua los puntos de paso, los proveedores y los regímenes políticos de los que depende cada insumo crítico. Solo se protege bien aquello que primero se ha sabido nombrar.
Ankara y Ormuz no son dos noticias, son la misma lección enunciada dos veces. La prosperidad de una economía abierta deja de ser un derecho adquirido cuando sus mercados y su energía se vuelven rehenes de decisiones ajenas. La soberanía industrial no es proteccionismo ni repliegue, es la capacidad de decidir en lugar de padecer. España, y Cataluña en primer lugar, tienen los activos para lograrlo. Les falta convertir el sobresalto de esta semana en método.
A contracorriente:
Se objetará, con razón, que una industria tan competitiva como la catalana ha prosperado precisamente por su apertura, y que encarecer los insumos en nombre de la soberanía puede restarle la ventaja que la hizo grande frente a rivales asiáticos anclados en cadenas de bajo coste. El argumento merece escucharse. Uno solo debe recordar que la soberanía no es un simple eslogan, sino un cálculo, y que ese cálculo empieza por un inventario lúcido de lo que se posee y de lo que se arriesga.
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